L*s emplead*s públic*s de todas las
administraciones (estatal, municipales, autonómicas) se vieron
privados en Diciembre de 2012 de la paga extra, con un sistema que
dio lugar a múltiples reclamaciones judiciales. Además en Andalucía
ha habido varias pagas extras donde había fuertes reducciones, en
concreto el personal docente en muchos casos cobraba la mitad de lo
que le correspondía habitualmente.
Hace unos meses el Estado devolvió a
sus emplead*s públic*s casi el 25% de la paga de 2012, hace pocos
días la Vicepresidenta del gobierno anunció que en cuestión de
semanas se devolvería un poco más del 25%. Además en los
presupuestos del estado de 2016 se prevé que se devuelva el 50%
restante.
PERO ESTO ES PARA EL PERSONAL QUE
DEPENDE DIRECTAMENTE DEL ESTADO, NO PARA EL DE OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
El Gobierno Central hace un negocio
redondo porque queda muy bien (es un decir) con los empleados a
quienes le pagan (que son muy pocos) y pone al pie de los leones a
las otras administraciones, pues no les va a dar los fondos que les
corresponderían para poder pagar esas devoluciones.
Como están las cosas
El Gobierno Central ya ha
devuelto casi el 25% a sus funcionarios. En Noviembre cobrarán una
paga especial de un poco más del 25%. Y en los Presupuestos
generales del estado de 2016 se consigna la partida presupuestaria
para devolver el otro 50%.
La Junta de Andalucía:
En febrero está comprometido pagar casi el 25% de la paga de 2012.
Del resto , el otro 75% no se sabe nada, pues el gobierno central no
va a dar ni un Euro, y tendría que sacarlo la Junta de sus fondos
propios. DE MOMENTO NO HAY NINGÚN PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE QUE SE
VAYA A PAGAR NADA MÁS de lo correspondiente a la paga de 2012 y por
supuesto nada de la reducción de las pagas extras que se hicieron en
años posteriores.
Aquí puedes ver la noticia http://economia.elpais.com/economia/2015/09/04/actualidad/1441350005_089875.html y dentro de la misma hay algunos párrafos esclarecedores como este en que se indica que la devolución es "... "básica potestativa", es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales"". Hablando en plata, que el estado no pone un Euro, y allá se las componga cada administración pública.
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