En el Mundo "La Fiscalía Investigará los horarios impuestos"

La Fiscalía investigará los horarios impuestos por la Junta a los profesores de Secundaria andaluces

La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, el día del comienzo del curso escolar. EFE

El TSJA abre diligencias tras la denuncia del sindicato APIA

 La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investigará los horarios que la Consejería de Educación ha impuesto en los centros de Educación Secundaria de Andalucía, tras la denuncia presentada por el sindicato APIA el pasado 18 de septiembre.
Según ha informado a EL MUNDO la organización sindical, el fiscal les ha comunicado la apertura de diligencias, lo que significa que se inicia un proceso de información para conocer si la ordenación impuesta en los centros por la Consejería ha incurrido en algún tipo de ilegalidad.
En su escrito de denuncia, APIA acusaba a la Consejería de Educación de haber obrado «de forma consciente y deliberada» para generar un contexto de inseguridad jurídica» y de generar un «caos» organizativo en los centros, como consecuencia de las sucesivas órdenes emitidas para regular las horas lectivas, regulares e irregulares de los docentes. Alguna de esas órdenes podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, según los denunciantes.
Manuel Fernández, presidente de APIA, ha anunciado su intención de ampliar la denuncia con nuevos datos esta misma semana. Por un lado, pondrán en conocimiento del fiscal el hecho de que la última orden que regula la organización y funcionamiento de los institutos no ha pasado por el obligado periodo de información pública. Además, también consideran irregular el escrito remitido por el director general de Ordenación Educativa, en la que se derivaba toda la responsabilidad en la aplicación de la nueva orden en los directores de los centros, obligándolos, a su juicio, a forzar los horarios y a cambiar su estructura en contra de la normativa estatal.
Además de la vía penal, APIA ha interpuesto también una reclamación por la vía administrativa, animando a todos los profesores a presentar individualmente un recurso, para lo que se les ha facilitado un protocolo de actuación. Manuel Fernández acusa a la Consejería de Educación de fomentar una «ceremonia de la confusión» en los centros, tanto por las órdenes emitidas como por las declaraciones realizadas a la opinión pública por parte de la consejera, Adelaida de la Calle, en los últimos días.
APIA no es la única organización sindical que ha presentado denuncia por la regulación de horarios dictada por la Consejería de Educación.
Así, tanto USTEA, como ANPE, CGT o PIENSA han anunciado que emprenderán acciones judiciales por la aplicación que la Consejería de Educación pretende realizar de los nuevos horarios.
Toda la polémica de los horarios se deriva de una orden de 2010 de la Junta en la que se permitía a los directores de los centros imponer horarios de más de 25 horas regulares a sus profesores, una circunstancia que supone un incumplimiento de la norma estatal que fija la jornada de los docentes.
De hecho, en este curso, la Consejería de Educación se ha visto obligada a rectificar aquella orden a instancias también del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tras una denuncia del sindicato USTEA.
Sin embargo, la adaptación a la norma superior que pretende la Consejería de Educación resulta inviable, a juicio de los sindicatos, si no se aumentan las plantillas, teniendo en cuenta que, en los últimos años, los recortes han supuesto la pérdida de más de cuatro mil puestos docentes en Andalucía.
La Consejería de Educación ha trasladado a los directores de los centros unas instrucciones para adaptar los horarios en unas condiciones que no han contentado a nadie ya que -aseguran los representantes sindicales- se limita a modificar la catalogación de algunas tareas para que no computen en el horario regular del docente, lo cual constituye un nuevo «fraude de ley», según los sindicatos denunciantes.