Según la ley actual en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas están obligadas a velar por la seguridad y salud de tod@s sus trabajador@s. Si hablamos de empresas públicas, esta obligatoriedad adquiere otra dimensión ya que ellas son las que crean dicha normativa. Además, la Administración pública educativa es la responsable de garantizar un derecho fundamental, la educación.
Desde DxP queremos denunciar la situación que sufre el alumnado y el profesorado del ciclo de grado medio de cocina y gastronomía, ya que, al actual marco normativo sobre espacios seguros de trabajo, hay que sumar la obligatoriedad de dotar de espacios mínimos e infraestructura a los centros educativos para la correcta impartición de las diferentes enseñanzas curriculares.
Hasta hace 8 años, estos estudios se impartían en unas instalaciones de Mojácar de donde, por un problema de aluminosis, se tuvieron que trasladar al IES Rey Alabez (Mojácar), mientras arreglaban las anteriores instalaciones. Este nuevo espacio formativo provisional, lejos de mejorar, se está alargando en el tiempo, y presenta, cada vez más, un escenario muy lamentable.
A los insuficientes espacios para talleres hay que añadir la carencia de maquinaria necesaria para poder impartir las diferentes materias que engloban el ciclo formativo, ya que, a pesar de contar con equipos de trabajo, éstos se encuentran en desuso al estar estropeados. Lo poco que funciona se debe a la aportación económicas que ha realizado el propio centro e, incluso, a la contribución del profesorado poniendo dinero de su propio bolsillo.
Además, este espacio, que ha sido cedido por el Ayuntamiento, no ha tenido la supervisión de la administración educativa, por lo que estas cuestiones políticas y legales hacen que, a la espera de que se pongan de acuerdo, el centro sigue en continuo deterioro. Mientras se sigue pasando la pelota de la “responsabilidad”, el centro continúa sufriendo desperfectos que afectan a la infraestructura, con el consiguiente peligro para profesorado y alumnado.
En el listado de centros con actuaciones de las estructuras educativas previstas con presupuesto aprobado para el curso que viene, no aparece recogida ninguna actuación en dicho ciclo formativo, deduciendo que este año tampoco se llevará a cabo ninguna aportación económica para infraestructura o dotación. Con este panorama tan descorazonador, cara al año que viene, se ha propuesto la ampliación de un ciclo de grado medio de servicios en restauración. Este ciclo, que sería el complemento perfecto para la alta demanda de profesionales en la zona, debería de animar a la Administración a llevar a cabo una reforma y acondicionamiento de las instalaciones, imprescindibles para una enseñanza en competencias.
Si se pretende dar una calidad educativa en la formación profesional se debería garantizar la dotación mínima que los centros formativos necesitan para que el alumnado adquiera el perfil profesional que exige la titulación y que puedan dar respuesta a la alta oferta laboral que existe en esta zona.
Consideramos que la administración está haciendo dejación de sus funciones en lo que se refiere a la adecuada dotación de los centros en general, y de este en particular, incumpliendo de manera flagrante la normativa en materia educativa y de seguridad laboral, poniendo, además, en riesgo la integridad física del profesorado y del alumnado.
Desde Docentes por la Pública instamos a la Administración a adoptar las medidas oportunas encaminadas a la resolución de esta problemática que afecta diariamente a este centro educativo.
Noticia en almeria360
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