El
inicio de curso ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de
movilizarse por la defensa de una educación pública y de calidad que, en
la actualidad, sigue padeciendo las políticas de los gobiernos de turno
ya sean éstos del PP, a nivel central, o del PSOE, a nivel autonómico.
La política llevada a cabo tanto por el gobierno de Mariano Rajoy como
por el gobierno de Susana Díaz ha sido en todo momento de recortar los
servicios públicos y de favorecer la educación concertada.
Son ya muchos
despidos: nos faltan 7000 docentes entre todos los niveles educativos
(Secundaria, FP, Infantil y Primaria), eliminados curso a curso desde
2012. Todos esos despidos se podían haber evitado si no se hubiese
recortado en educación. El R.D. 14/2012 supuso la aplicación de
drásticos recortes en Educación, que no era más que concretar el infame
acuerdo del PP y el PSOE en verano de 2011 para reformar el artículo 135
de la Constitución: rescatar a la banca antes que pagar servicios
públicos o sostener derechos sociales para la gente, abandonándola en el
peor momento de una crisis que ya dura demasiado.
Este es el origen de
todos los tijeretazos que desde entonces venimos sufriendo: de la
pérdida de puestos docentes en Andalucía, de la reducción de
presupuestos para el funcionamiento de los centros educativos, de la
pérdida de plazas públicas en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato, favoreciendo el mantenimiento de unidades en la
concertada, dentro de la lógica mercantilista y privatizadora; de la
manera en que se gestiona la cobertura de bajas en el profesorado, que
se ceda a empresas privadas servicios complementarios como intérpretes
de Lengua de signos española, comedores y extraescolares a la baja
aunque ello sea a costa de empeorar su calidad o quitando un medio de
vida local a familias que lo necesitan; que los apoyos al alumnado con
necesidades educativas especiales se vean reducidos, que suba la ratio
al haber menos profesorado o que planes como el bilingüismo o las TIC
queden a la voluntariedad del profesorado, asumiendo una responsabilidad
y compromiso que la administración le niega.
Este
verano la movilización se ha reactivado en Andalucía por un despido de
unos 1000 interin@s de primaria. Tuvimos la capacidad de reacción
suficiente para convocar el 3 de Septiembre una de las manifestaciones
en defensa de lo público más numerosa de los últimos años. Esa ola verde
merece la pena alimentarla con nuevas movilizaciones que sigan en la
línea de construir una educación pública de calidad y universal.
Toda
la comunidad educativa sabe bien que a día de hoy no sobran docentes
para atender a sus hijos/as de la misma forma que no sobran médicos y
enfermeros. Todo lo contrario. La falta de profesorado en la pública
daña la educación de nuestro alumnado. En la práctica, disminuir el
número de profesores/as por centro conlleva aumentar el número de
alumnos y alumnas por clase. La no sustitución inmediata del profesorado
de baja conlleva que cursos enteros pierdan numerosas horas de clase al
año. Menos calidad educativa, más precariedad en el trabajo docente.
Incluso la gratuidad de los libros en la ESO se está viendo en peligro.
Es ya mucho el alumnado que no tiene acceso a libros de texto en
nuestros institutos. Son recortes en presupuesto de los centros que no
pueden pagar facturas, en la privatización de los comedores escolares,
en la no cobertura de vacantes de infantil, … Toda esta política
favorece claramente la educación concertada ya que sólo devaluando la
escuela pública, la escuela concertada puede sobrevivir. En el caso de
tener una escuela pública verdaderamente de calidad no hay negocio para
la concertada. Lo que está en juego a medio plazo es por tanto la propia
Educación Pública como tal.
No
queremos una serie de leyes educativas que sólo busquen adecuar la
enseñanza a los intereses económicos de las grandes multinacionales que
se sirven de quienes legislan, en lugar de dotar a nuestros hijos/as y
estudiantes de una formación integral y emancipatoria, con una educación
universal, laica y gratuita. En una sociedad en crisis, en la que la
cifras de paro son cada vez más importantes y el tipo de trabajo para
nuestros jóvenes es cada vez más precario, de qué sirve gastar dinero
en educación. Según los que nos gobiernan, nuestra sociedad no necesita
a jóvenes muy formados para acabar en el paro, sino más bien una mano
de obra barata cuyo nivel de formación se adecue al trabajo precario existente. Esa es la lógica del todas las últimas reformas universitarias y de educación en general.
Desde
la Huelga educativa el 26O seguimos viendo brindis al Sol sobre un
supuesto pacto educativo, pero ¿Qué tipo de pacto? ¿Dirigido y
orquestado por los mismos que llevan 35 años dando volantazos a ley
educativa nueva cada 5 años? ¿Pacto para seguir en los mismo unos
cuantos años más y que la comunidad educativa calle?
Desde
que empezó el curso y desde que la legislatura salió adelante nos
hablan de paralizar la LOMCE, de las revalidas...un día el parlamento
vota una cosa, al siguiente el ministro desdice. El caso es seguir
mareando la perdiz, desmovilizar y que los tiempos los marquen las
administraciones con el fin de que todo cambie para que nada lo haga.
Por
todo ello, pensamos que sobran motivos para que el conjunto de la
comunidad educativa retome la movilización y desde luego sobran motivos
para apoyar la Huelga y movilización del sector estudiantil que en este
caso el 24 de Noviembre vuelven a las calles
Porque la EDUCACIÓN es un DERECHO. ESCUELA PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S
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