INSPECCIÓN EDUCATIVA ROMPE SU SILENCIO

La nueva administración andaluza, en su afán de cambiarlo todo en educación, ha elaborado un borrador para cambiar la normativa sobre escolarización. Lo más destacable de la misma, ideológicamente hablando, es que permite eliminar unidades de la pública para crearlas en centros concertados si hay demanda de las familias, o sea atacar a la pública. Pero de paso, esta normativa, aún no aprobada cuando faltan dos semanas para que se inicie el proceso de escolarización que regula, ha cambiado algún que otro detalle.

En cada localidad, con más de un centro escolar, se constituyen comisiones de garantías de la escolarización para asignar plaza escolar a cada familia en función de sus peticiones y la disponibilidad de los centros. Esas comisiones han estado presididas hasta ahora por un director o directora de un centro, en nombre del delegado territorial, que va cambiando cada año de forma rotatoria. Pues bien, la nueva normativa plantea que a partir de ahora la va a presidir un inspector o inspectora de educación, cuerpo que en la nueva administración ha ganado un peso enorme al desaparecer la antigua AGAEVE (Agencia de Evaluación de Educación) y pasar inspección a realizar sus funciones. Esta idea de la administración ha enfadado notablemente a los inspectores e inspectoras que, en el inicio de la página web de su asociación, adideandalucia.es, han publicado una carta de protesta presentada ante la Administración. Las razones que aducen para oponerse son varias y variopintas, desde que ya están muy sobrecargados de trabajo para asumir más tareas administrativas, hasta que su función les haría supervisar el trabajo que harían ellas o ellos mismos. Si alguno o alguna comete irregularidades y hay que elaborar un informe tendría que evaluar un inspector o inspectora a otro compañero o compañera, y eso no se puede hacer (ya que como denunciamos desde DxP hace dos años, nadie evalúa el trabajo de inspección, como se puede ver en nuestro blog).

Finalizan su carta con unos párrafos muy curiosos donde destapan los problemas que habitualmente tapan, y que transcribimos:

“Por otra parte, es conocido por todos, los gravísimos problemas de escolarización y faltas de plazas escolares en algunas zonas de Andalucía, que han llevado a la masificación de las aulas superándose en numerosísimos casos las ratios establecidas para cada una de las etapas educativas. En algunas zonas la situación es tan insostenible que esta masificación en las aulas conlleva a que en la práctica no se apliquen o queden supeditadas medidas excepcionales, pero necesarias, como la repetición de curso, por falta de espacios físicos en el aula o en los centros para poner en funcionamiento más unidades. Los inspectores e inspectoras hasta el momento, desconociendo si las situaciones han sido sobrevenidas de por aumento de la población escolar y, por tanto, han sido imposibles de planificar, o si han obedecido a criterios de asignación de unidades que no hayan tenido en cuenta las ratios legalmente establecidas, no han emitido informes sobre esta situación, asesorando a los centros docentes para minimizar los efectos de la superación de ratio en las aulas.”

Desde DxP, creemos que, si no hemos leído mal, están reconociendo que los grupos sobrerratio no son una excepción, sino que son numerosísimos en algunas zonas de Andalucía. Además, se sobreentiende que conocen que se incumple la ley, pero miran para otro lado con la excusa de que las sobrerratios pueden ser sobrevenidas o no, no emitiéndose informes sobre las irregularidades que se producen a pesar de conocerlas, sino que “asesoran” a los centros para que trabajen con ratios inadmisibles.

¿Solo a Docentes por la Pública nos parece que están amenazando a la administración con destapar todo esto si no cambian el borrador y los liberan de esta tarea? La evaluación que hicimos desde este sindicato al servicio de inspección, contando con innumerables docentes, sigue más actual que nunca.

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